Gabriel Zanotti
Doctor en Filosofía, profesor en la Universidad del Cema y Director Académico del Centro Friedman-Hayek.
El derecho a la libre inmigración y emigración (a nivel ético, deontológico) nunca había sido un problema en el liberalismo clásico. Al menos, no en Mises, quien, creemos, sintetiza toda una tradición al respecto.
El liberalismo nunca había planteado las libertades individuales como fruto de una nacionalidad. Las libertades individuales se plantearon, no sólo como el resultado de la evolución del common law (Hayek) sino como un ideal de igualdad basado en un respeto al individuo en cuanto tal: all men are created equal…. Y ello, a su vez, como fruto de un largo proceso de maduración en la noción de persona, que fue originada en el Judeo-Cristianismo.
Por ende, la libre movilidad de capitales y de personas formó parte de un ideal, a veces tácito e implícito, practicado en cierta medida entre EE.UU. y Europa al menos hasta la Primera Guerra, e incluso formó parte de países latinoamericanos como la Argentina. La unidad “nacional” era más bien la adhesión a un pacto constitucional originario, en el que la noción de “ciudadanía” pasaba por la aceptación de una Constitución (liberal) más que por la adhesión a una unidad cultural marcada por razas o lenguajes.
En Mises, la distinción entre Nación y Estado permitía claramente cumplir con ese ideal. Mises llegó a proponer una unidad plurinacional en Nation, State and Economy. Horrorizado por las consecuencias de la primera guerra, e intentando prevenir lo que se venía, quiso volver a integrar al otrora Imperio Austro-Húngaro bajo un mismo Estado bajo diversas naciones. “Estado” es, en Mises, el aparato social de compulsión y coerción (Weber); “Nación”, en cambio, es una unidad cultural pasada por el lenguaje (adelantándose notablemente a Wittgenstein con ello). Por ende, un Estado podía reducirse a ser una unidad administrativa en la cual podían convivir diversas naciones, donde los derechos a la libertad religiosa, libertad de enseñanza, libre asociación y libertad lingüística eran esenciales.
Como podemos ver, a nadie se le ocurría, en esta tradición, que la inmigración tuviera algún problema con las libertades individuales. Un inmigrante era siempre un activo; alguien que llegaba y tenía todos los incentivos para ponerse a trabajar en pie de igualdad, respetando los derechos de todos, porque, además, nadie le aseguraba ningún tipo de seguro social. Así sucedió en EEUU y Argentina por lo menos hasta principios del s. XX.
Está de más decir lo que cambió el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de los sistemas de seguridad social estatales, el mundo bipolar de 1945 hasta 1991 aseguró cierta libertad de movimientos, al menos dentro del llamado “mundo libre”.
Desde 1991 en adelante, algunos comienzan a ver una etapa de “globalización” más intensa que la anterior. Pero si vamos a estar atentos a las características del intervencionismo descripto por Mises, se trató más bien de la globalización del intervencionismo. Más que capitalismo global, fue un intervencionismo global, caracterizado por un crony capitalism y por controles cada vez más estrictos por parte de todos los organismos internacionales de las Naciones Unidas. Pero a ello sumemos algo inédito hasta entonces: lo que podríamos llamar noción postmoderna de la inmigración.
Una inmigración en la que los migrantes ya no son individuos, sino grupos colectivos que demandan no solo toda la protección social de los Estados Providencia, sino también ser reconocidos en una identidad cultural que no tiene por qué respetar ciertas libertades individuales ajenas a su propia identidad.
Eso es totalmente diferente de la inmigración liberal. En el liberalismo, el migrante es un individuo entre individuos, con los mismos derechos que los demás, y debe respetar los derechos de todos. Pero no porque haya hecho un “curso”, sino porque absorbía un horizonte de precomprensión “liberal” que se fue perdiendo paulatinamente y hoy podríamos dar por perdido con el postmodernismo cultural y la cultura woke.
Esta noción postmoderna de inmigración, alentada por los partidos europeos de izquierda y por el Partido Demócrata norteamericano, ha quebrado el pacto constitucional liberal clásico otrora predominante, que permitía convivir bajo un mismo ideal (liberal) a personas de las más diversas razas, religiones y lenguajes.
Las reacciones ante todo esto han sido de dos tipos. Una, nacionalista, otra, libertaria.
La nacionalista opone una identidad nacional determinada a ese tipo de inmigración y al intervencionismo de las Naciones Unidas. Es la ideología dominante de casi todas las reacciones políticas de derecha en Europa y en cierta medida en el movimiento MAGA en los EE.UU.
La reacción libertaria, en cambio, vuelve a levantar la bandera de las hoy casi olvidadas libertades individuales clásicas ante el intervencionismo de la ONU. No, no es en nombre de una nación que los grupos colectivos no pueden entrar y hacer lo que quieran; no es en nombre de una nación que habría que oponerse a la mayor parte de los tratados de la ONU (la Agenda 2030) sino en nombre de libertades individuales que hoy ya casi no tienen sentido en las nuevas constituciones “sociales”. El sujeto del pacto constitucional, en los liberales clásicos o libertarios (dejando de lado el debate con el anarco-capitalismo), es el individuo, que es a su vez el sujeto de las libertades. Lejos de ser esto una cultura “individualista”, es un ideal que puede dar origen a profundos lazos de cooperación, como ya advirtió Tocqueville en su clásico Democracia en América.
El ideal libertario pasa por esas libertades. No derecho a la información, sino libertad de expresión; no derecho a la educación, sino libertad de enseñanza; no derecho a la salud, sino derecho a la libre asociación. Derechos y libertades negativos que paradójicamente dieron y darán origen a mejores sistemas de salud, educación y comunicación, en contraposición a Estados-Providencia intrínsecamente ineficientes y deficitarios. Por supuesto, esto deja hoy a los libertarios de todo el mundo en una difícil situación de alianzas provisorias, en lo político, con los movimientos nacionalistas de derecha. Qué deben hacer, con quiénes deben aliarse en el sistema político o, al contrario, permanecer aislados (como por ejemplo la mayor parte de libertarios pertenecientes al LewRockwell Institute de EE.UU.) es algo que nadie puede decir a priori. Y qué hacer si llegaran a formar parte de algún gobierno, tampoco se puede proponer de modo universal. Por supuesto que no podrían consentir con ciertas políticas nacionalistas de cierre de fronteras. Pero en las circunstancias actuales, pedir un visado a personas provenientes de ciertos territorios, no parece ser un absurdo. Sin embargo, qué hacer hoy mismo, en la Europa de hoy y en EE. UU., es algo en lo cual un libertario se siente particularmente perplejo.
Por supuesto, puedo estar equivocado. Ojalá haya una evolución de la situación tal que muestre que las preocupaciones actuales eran exageradas. Pero no soy optimista sobre la situación actual, excepto que vaya emergiendo algún tipo de liderazgo libertario que, evidentemente, brilla por su ausencia.
Jorge González-Gallarza
Investigador principal del Centro de Derechos Fundamentales en Madrid y miembro de la junta del Centro de Estudios Judeocristianos.
Es propio de una era sedienta de certezas sentenciar a la ligera frente a fenómenos cuya variedad interna pide, al contrario, especial discernimiento. La “inmigración”, más sin precisar su legalidad, es quizás la más polémica de ellos. El “derecho” del inmigrante y la soberanía (necesariamente colectiva) del Estado receptor son dos de sus fuentes de legitimación no solo en el plano ético, sino también en el jurídico. Acaso irreconciliables en la teoría, deben armonizarse en la práctica para que el dato antropológico que es el buscar mejor vida tras una frontera no genere peores desequilibrios. Pero jerarquizar esas dos fuentes impone una generalización, avalada por el adverbio “principalmente”, que pretende salvar los abismos entre categorías, o canales, por los que discurren los flujos migratorios.
El refugiado de guerra y el nómada digital, el perseguido político y la "golden visa·, tendrán que ampararse aquí en una misma fundamentación. El asilo, asimismo, es a la vez categoría de migrante y derecho positivo a serlo, incomparable con la inmigración económica, más allá de su cualificación o legalidad. Embutir tanta complejidad en un macrojuicio es problemático incluso dentro de cada categoría, pidiendo una conjugación más flexible de las pretensiones de acogidos y acogedores en cada escenario. Topamos aquí con los límites del propio concepto de “inmigración”, que al englobar realidades tan dispares invita a una cierta insensibilidad hacia la dimensión humana del fenómeno.
El ejercicio, por otro lado, no es del todo estéril. Nos cura de utopismos, instándonos a llevar a su extremo cada generalización para razonar por descarte, poniéndolas a prueba de sus límites prácticos. ¿Qué atropellos éticos o ineficiencias económicas causaría filtrar todo flujo por una “decisión política”? A esa extrapolación nos tienen acostumbrados las ONG para quienes las fronteras son inhumanas y ningún ser humano es ilegal, ilustrada en el último decenio por Lampedusa, redadas de ICE (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos) y niños centroamericanos enjaulados. Las fronteras son, además, en esta clave, una penalidad autoinfligida por electorados nativistas irracionales, un error de diseño que deja fuera a millones de cerebros y manos, sin atajar eficientemente los flujos ilegales. Los parlamentos, como los votantes, carecen a menudo de acuidad para legislar de forma predecible, incapaces de adaptar sus normas a realidades cambiantes.
Pero recordemos que, mientras la voluntad de emigrar se consuma si se trata de un derecho, la soberanía es una variable abierta. El derecho inalienable a emigrar que presupone la pregunta no choca con un rechazo granítico a acoger, sino con un criterio receptor, que puede negar ese derecho o reconocerlo. La distopía aperturista puede ser una posibilidad dentro de la distopía soberana.
Tampoco son las fronteras, físicas o burocráticas, una propuesta; como si de regular una tecnología emergente se tratara, o de una política verde de efecto incierto sobre el clima. Precisamente porque existen, conocemos el papel que cumplen y no cuesta imaginar los efectos de su abolición. En Europa, fronteras físicas como la húngara han sido verdaderos diques de contención: 1,1 millones de entradas impedidas por una mera valla. Se estima que el 47% de los africanos—742 millones—han considerado emigrar a Europa. Muchos lo harían, si pudieran, mañana. Hacer primar su “derecho individual” provocaría, cuanto menos, un reto de gobernanza. He aquí la distopía inversa, que podemos llamar sin exageración “fronteras abiertas”, y que evocaba Mitterrand cuando habló de no poder “acoger toda la miseria del mundo”, distinguiendo deber de posibilidad.
Hasta ahora hemos errado limitando la inmigración al allanamiento de una frontera, obviando la asimilación como reto cultural para hacerla tolerable. A menudo se deduce un exclusivismo étnico, con acentos histéricos de los años 1930, cuando planteamos el derecho de las naciones a decidir colectivamente su integridad o permanencia, limitando la inmigración y/o exigiendo que se aculture. Las regularizaciones, en cambio, sólo toman en cuenta el shock cultural cuando ya es irreversible; razón de más para pecar de cautela frente al riesgo de conflicto civil, buscando el consentimiento de ambas partes.
El enunciado, además, no nos exige dirimir entre un escenario de inmigración cero—por usual que sea ese hombre de paja—y la sumersión que profetizan plumas como Raspail o Houellebecq, sino entre una inmigración mutuamente consentida y otra, consentida sólo por el inmigrante, por irrefutable que sea su “derecho”. Ceteris paribus, sólo rechazando la soberanía en sí se puede preferir la ausencia de consentimiento, que es el fondo de la pregunta: ¿fronteras abiertas o inmigración elegida? El consentimiento nacional puede hacer sostenible la apertura a los pobres y necesitados introduciendo la selección en un sistema donde necesidad y capacidad de aportar sean ambos criterios válidos de entrada. Sólo así se rescatará la inmigración, esa constante humana, de la absolutización de sus propios postulados.
Si me equivoco, sería porque las naciones consientan, al contrario, a abandonar toda determinación a autoperpetuarse, de forma razonada y no a causa de una inmigración regularizada pero inicialmente no consentida.